El exalcalde y exparlamentario José Camejo denunció que un amparo de 27 años y la falta de seguridad jurídica mantienen frenado el desarrollo de Ortiz, municipio que este jueves 12 de noviembre conmemora 152 años de haber sido capital del estado Guárico. Pidió al Tribunal Supremo de Justicia revisar una sentencia de 1993 y anular documentos inscritos entre 1958 y 1994, al advertir que sin certeza jurídica no habrá inversiones en gas, ferrocarriles, agua, electricidad y minerales, incluidas las tierras raras.
Este jueves, el municipio Ortiz conmemora 152 años de su designación como capital del estado Guárico, una fecha histórica que, sin embargo, contrasta con la parálisis que —según el exalcalde y exparlamentario José Camejo— mantiene en vilo su desarrollo. La conmemoración sirve de marco para que Camejo insista en la necesidad de seguridad jurídica como condición indispensable para destrabar el progreso local.
Camejo explicó que el municipio sigue marcado por un amparo que data de hace 27 años y que, a su juicio, ha frenado inversiones y proyectos. Según el exalcalde, el caso se encuentra en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y aspira a que ese máximo tribunal revise la sentencia del 30 de diciembre de 1993. En ese fallo —añadió— se establece la cadena titulativa de Ortiz y de La Cañada, y se evidencian vicios en documentos que han sido utilizados por terceros.
La revisión de esa sentencia, sostuvo Camejo, permitiría anular el documento y ordenar al Registro Subalterno que coloque la nota de nulidad al instrumento que data de 1958 a 1994. El exalcalde identificó a María Luisa Díaz Tomas —conocida como “la Uruguaya”— como la persona que mantiene el amparo desde hace 27 años, e incluso señaló que ha presentado recursos de amparo contra el propio TSJ. En registros judiciales aparece una ciudadana de nombre similar, María Elisa Díaz Tomas, vinculada a acciones de amparo ante la Sala Constitucional, lo que sugiere que se trata del mismo caso o de una variante del nombre.
El conflicto no es meramente documental. Decisiones del TSJ mencionan la “Posesión General La Cañada”, ubicada en el municipio Ortiz, en el contexto de amparos relacionados con la adjudicación o concesión de derechos sobre esos terrenos. Esto confirma que el amparo que menciona Camejo tiene como eje disputas por la tierra en la zona de La Cañada, un factor que ha generado incertidumbre sobre la titularidad y, por ende, sobre cualquier inversión que quiera realizarse en el municipio.
A ello se suma otra arista: Camejo también ha denunciado que Ortiz reclama 917 km² de su superficie territorial que le habrían sido excluidos por errores en la Ley de División Político-Territorial y en los censos de 1990 y 2011. Esa merma territorial afecta directamente la base económica y la planificación del municipio.
Camejo advirtió que, si el actual TSJ no resuelve el caso, tendrá que hacerlo la nueva composición del tribunal. Sin una justicia clara, afirmó, no habrá seguridad jurídica para quienes quieran invertir en áreas como gas, ferrocarriles, agua, electricidad y la explotación de minerales, entre ellos las tierras raras del municipio Ortiz. La mención a las tierras raras no es menor: Venezuela las ha declarado elementos estratégicos junto a otros minerales, y el potencial de Ortiz en ese renglón podría convertir al municipio en un polo de atracción de capital, pero solo si existe certidumbre sobre la propiedad y el marco legal.
“Invitamos a todos los orticeños a trabajar por nuestro municipio, que se lo merece”, expresó Camejo, en un llamado que busca convertir la conmemoración histórica en un punto de partida para destrabar los nudos jurídicos y territoriales que, a su juicio, mantienen a Ortiz en una suerte de limbo que frena su desarrollo.